Desde la perspectiva de la población, las lecturas son claras. Luego de un monitoreo exhaustivo de Cubadebate en torno a los cientos de comentarios llegados a nuestra redacción por diferentes vías, unido al pulso del estado de opinión de muchos cubanos y cubanas consultados indistintamente, la media de la vox pópuli redunda en una misma línea de mensajes.
Se reconoce la preparación, energías y el esfuerzo extra que exigen a los profesionales del derecho la gestión y solución de estos asuntos, pero yo, ciudadano común: ¿cómo salvo la diferencia entre lo que le entra a mi bolsillo y lo que de él debe salir para cubrir mis necesidades? ¿Por qué si mi salario aumentó tres veces, algunos de los servicios jurídicos multiplicaron su costo por seis? ¿Qué garantías tengo para una debida defensa si no puedo sufragar los nuevos precios? ¿Quién equipara la balanza para que los servicios ofertados sean costeables por la economía doméstica?
Cubadebate se dirigió a la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) para buscar respuestas y conocer los signos vitales de esta experiencia.
Su presidente, Ariel Mantecón Ramos, junto a un grupo de expertos y directivos, ofreció amplia información sobre el camino de análisis y construcción de decisiones en el nuevo escenario de ordenamiento, dentro de la organización que lidera. Pero antes, se permitió retrospecciones necesarias para ayudar a entender las dinámicas internas como un todo, un proceso, y no como una ecuación aritmética.
La Junta Directiva de la ONBC ̶ abre el diálogo ̶ es elegida por una asamblea con representación de todas las provincias y municipios, a través de una votación directa y secreta, y funciona por un lapso de cinco años. Surge gracias a la idea de Fidel de "crear una organización autónoma. ¿Por qué no puede ser estatal? Porque el abogado asesora a la ciudadanía en conflictos con otros ciudadanos, pero también contra el Estado. Por tanto, tiene un principio político de autonomía: no puede haber contacto presupuestario, solo paga la defensa de oficio".
Es decir, se rige por un patrón de autogobierno, sin subordinación alguna para su funcionamiento al Ministerio de Justicia, si bien el ministro posee una facultad de alta inspección. Tampoco cuenta con organismos metodológicos o de referencia.
La metodología de la abogacía se ha ido creando por adosamiento, asevera, por acumulación de reformas según se regula su existencia, a través de un manual de normas y procedimientos amplísimo, que retrata la vida de la organización, mirando siempre la luz larga de 56 años ya.
"Cuando se creó el primer bufete, en el año 1965, en la Plaza de la Revolución", la cual había sido concebida en su diseño inicial no como centro político sino judicial, "este nació con un único principio: yo gano lo que sea capaz de recaudar y con tarifas sociales. Qué rápido se escribe eso, pero es muy difícil de llevar a la práctica", explica.
El Decreto-Ley 81 "Sobre el ejercicio de la abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos", establece en su artículo 18 las funciones de los abogados de dichos bufetes:
- asesorar a las personas naturales o jurídicas que lo soliciten, en cuanto a la legitimidad y alcance de sus derechos y obligaciones;
- evacuar consultas legales, emitir dictámenes y redactar documentos de carácter técnico jurídico;
- representar o dirigir, con la máxima diligencia, a quienes requieran su asistencia técnica en procesos judiciales, arbitrales, administrativos y laborales; así como ejercer las defensas penales de oficio de acuerdo con las normas establecidas al respecto.
La primera garantía de una abogacía social es que haya una tarifa, porque eso elimina la concurrencia de precios diversos por el mismo servicio. Aun cuando no elimina el riesgo de una doble economía del que no está exento ningún sector de la sociedad, si bien es una alta prioridad erradicarlo, destaca Mantecón Ramos.
En el escenario actual del ordenamiento monetario, la ONBC partió de estudios y modelaciones, de cara a identificar potencialidades y desafíos para el ejercicio de sus funciones, desde la salvaguarda de su razón de ser: la garantía del "derecho a la defensa técnica, la representación procesal y la asistencia a la población" en una significativa tipología de trámites.
Desde la propia web oficial de la organización, explican: "Los análisis realizados desembocaron en un sistema de tarifas que coloca a la institución en el punto de partida del llamado Día Cero. Estas tarifas mediatizan nuestra relación con el público e intentan adecuar la dinámica de los servicios de abogacía en un nuevo contexto económico".
De acuerdo con el presidente de esa institución, aun cuando la población quiere enfrentarse lógicamente a precios asequibles, no debe perderse de vista que se trata de un modelo estrictamente autofinanciado, integrado por unos 4 000 trabajadores, y ese es el costo como ciudadanía para sostener una abogacía socialista colectiva.
"No se puede ver el ordenamiento como un simple incremento de precios, es una reorientación de la vida social, económica y política porque cambió el valor del dinero", enfatizó.
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